Habrá blanqueo de capitales y una reforma tributaria

El gobierno de Mauricio Macri se encuentra culminando la elaboración de un proyecto de blanqueo de capitales, según confirmó a este medio una alta fuente de la Casa Rosada. Tras la salida del default de la deuda externa, la administración oficial prevé ahora una convocatoria a la repatriación de los capitales que se fugaron del país, particularmente en los últimos años. Esta iniciativa se complementará con otra, según adelantó la misma fuente: la elaboración de un proyecto de reforma impositiva que apunte, entre otros objetivos, a reducir la pesada carga que significa el costo laboral para las empresas.  

Las autoridades confían en que, con un régimen adecuado, los capitales argentinos se sumen al entusiasmo que están evidenciando los inversores internacionales. Particularmente, tras la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dicen que no dejaron de sonar los teléfonos solicitando audiencias a los funcionarios por parte de grupos que buscan explotar el potencial económico de la Argentina.

Justamente el interés de empresas y fondos del exterior por efectuar inversiones productivas en el país también viene acompañado de la sorpresa por la falta de interés de los empresarios locales.

En el Gobierno comprenden que las empresas locales, conocedoras de los vaivenes de la economía argentina, sean «más cautos y desconfiados» pero las autoridades ya han recibido primeros datos concretos que la inversión local se «está despertando». Saben que existe mucho dinero argentino en el exterior y esperan (como ocurrió después en el 2001) que vuelva al circuito local.

En este sentido, según información a la que accedió este medio, el propio presidente Macri mantuvo una conversación con el titular de la AFIP, Alberto Abad (reacio a los blanqueos y moratorias) donde convinieron que la medida a implementarse será «muy exigente en el cumplimiento de las restricciones impuestas por la ley de lavado de activos». Asimismo el titular de la AFIP cuenta con todo el apoyo presidencial para perseguir «a propios y ajenos» que no cumplan con la ley.

En cuanto a las cifras, admiten desde el Palacio Hacienda que «todavía no hemos definido el costo que tendrá ingresar los fondos». Sin embargo, con el asesoramiento técnico de la AFIP, están definiendo la propuesta.

La idea de un blanqueo siempre estuvo dentro de las medidas del Gobierno (en particular del equipo económico) pero el escándalo de los Panamá Papers frenó la iniciativa, pero el interés mostrado por el exterior por invertir en el país reactivó el proyecto. La intención oficial es avanzar lo más rápidamente posible para que los efectos del ingreso de capitales ayude a morigerar la recesión.

Según mediciones del Palacio de Hacienda, los capitales de los argentinos en el exterior podrían superar los 230.000 millones de dólares. En tanto, organizaciones como Tax Justice Network calculan en el doble de esta cifra los fondos fugados del sistema financiero argentino.

«Si solo ingresara el 10% de esa cifra…» se entusiasman en los pasillos oficiales aún sabiendo de antemano que esa aspiración es poner la vara demasiado alta.

Sostienen que el mandatario afirma que «liberamos las retenciones al agro y ya este sector se comprometió a invertir u$s 15.000 millones este año». Con este criterio justifica la eliminación de los gravámenes a la minería al tiempo que aclaran que el propio Macri quiere que este sector «agregue valor en Argentina».

Tal es el caso de la explotación de litio (en el norte se encuentra el segundo reservorio más importante del mundo), donde la intención del Gobierno es no sólo alentar inversiones para la extracción del recurso primario, sino también incentivar la incorporación de valor agregado local impulsando, por caso, la instalación de fábricas de baterías.

Otro de los campos que ha despertado interés entre los inversores extranjeros es el referido a energías alternativas. Se calcula que estas actividades podrían ser imán de inversiones por 5.000 a 6.000 millones de dólares en los próximos años.

Con el objetivo de aumentar el empleo y agregar valor se avanza en un proyecto de reforma tributaria.  

Coinciden con el diagnóstico del Banco Mundial que ubica al sistema tributario de la Argentina entre los quince peores del mundo. En el informe Mundial sobre facilidad para hacer negocios (Doing Business) se consigna que para una empresa mediana, la carga de impuestos y contribuciones equivale al 137% de la ganancia, o dicho de otra forma, el Estado se lleva más que lo que gana el empresario.

• Despidos

En momentos en que se revolean cifras de despidos que, de acuerdo algunas fuentes, superan los 100.000, los datos oficiales hablan de un ligero aumento en el empleo. En ese marco trascendió que Macri habría instado a su gabinete a «apostar por la inversión productiva».  

Uno de los proyectos más avanzados en esta materia es la iniciativa de Empleo Joven. La idea es eliminar o disminuir las cargas y aportes laborales para aquellos que incorporen jóvenes a sus empresas.

El anuncio del Gobierno coincide con un debate que se está dando entre el sector privado, principalmente los sindicatos, y las autoridades oficiales. Informes como el que lleva a cabo Tendencias Económicasarrojan que «la conflictividad laboral experimentó acusado aumento en el primer trimestre: se registraron 127.144 despidos, nivel superior en 78 veces al del primer trimestre de 2015, de los cuales 70% correspondieron al sector privado, principalmente a la construcción y a la industria sidero-metalúrgica, y el 30% restante al sector público».

Las cifras que se manejan a nivel oficial presentan un panorama distinto, ya que no sólo no muestran destrucción neta de puestos de trabajo, sino que reflejan, a menos en el sector blanco de la economía, una variación positiva en el nivel de empleo.

Según datos a febrero pasado, el Sistema Integrado Previsional Argentino registró 120 mil puestos de trabajo adicionales (1,5% de crecimiento interanual), de los cuales 76 mil corresponden al Sector Privado. Dicho de otra forma, las cifras oficiales arrojan que, si bien se produjeron despidos en la administración pública, también se realizaron, y en exceso, incorporaciones: en el Sector Público, el crecimiento anual fue de 3,0%. 

Los informes oficiales reconocen que ha caído el empleo en el sector productor de bienes de la economía – en febrero la pérdida fue de 1,5% en la variación interanual -, pero fue compensada por la suba de 2,6% registrada en el sector servicios.

También, aunque a un ritmo más lento se trabaja en la modificación de las escalas de Ganancias, bienes personales y ganancia mínima presunta. Tampoco se descarta la incorporación de gravámenes a la renta financiera, aunque admiten que los aspectos generales de la reforma impositiva están en discusión interna.

Además, aún no está definido si se presentará al Parlamento un gran paquete que abarque todos los aspectos tributarios a modificar o se enviaran iniciativas puntuales.

A pesar de que invertir en Argentina genera dudas, en la Rosada no dejan de asombrarse por la cantidad de visitas a los despachos oficiales de numerosos representantes de fondos soberanos – manejan cientos de billones de dólares – y que «observan a la Argentina como un destino atractivo para las inversiones, no sólo financieras, sino también productivas», señalan fuentes oficiales.

Con el ingreso de capitales del exterior, el Gobierno señala su intención de realizar obra pública, como una de las formas de apuntalar la recuperación de la economía. Al respecto, el balance que realizan en la Jefatura de Gabinete es que heredaron de la anterior administración 942 obras que nunca se terminaron en todo el país. Muchas que ni siquiera se habían comenzado, sostienen.

Ahora, dicen, se intentan replicar anuncios como el referido a las obras de provisión de agua y cloacas para la provincia de Buenos Aires que va a generar 100.000 nuevos puestos de trabajos.

Fuentes del Gobierno afirman que la generación de empleo y la regularización del trabajo no registrado son cuestiones prioritarias que se intentarían abordar con la proyectada reforma impositiva. Hoy, cerca de uno de cada tres trabajadores se encuentra en negro y por esta razón Macri no está dispuesto a avalar un proyecto como la doble indemnización.

Fuente: Ámbito.com