La presión tributaria frena la competitividad de la economía

Con el 36,6% con relación al PBI, está en el nivel más alto de la región y casi duplica el 18,5% que tenía en 2002, según datos de la consultora Economía & Regiones

Pese a la baja en las retenciones a las exportaciones y a los cambios en el impuesto a las Ganancias, la presión tributaria en Argentina sigue siendo récord.
Con el 36,6% con relación al PBI, está en el nivel más alto de la región y casi duplica el 18,5% que tenía en 2002, según datos de la consultora Economía & Regiones.

El alto peso de los impuestos es uno de los motivos que explica que el sector privado sea menos competitivo, lo que lleva a que se contraiga la oferta agregada y a su vez esto presione sobre la inflación. Pero con el alto déficit fiscal se diluyen las chances de que el Gobierno baje la carga tributaria.

Para E&R, esta “política fiscal feroz ahoga al sector privado. La economía argentina está sumergida en una estanflación de oferta originada en la falta de competitividad. Se produce cada vez menos, se contrae la oferta agregada, y en consecuencia, cae el nivel de ingreso y aumentan los precios”.

En este contexto, la consultora fundada por el ministro Rogelio Frigerio ve algunas señales positivas. “Por primera vez en casi dos décadas, el nuevo gobierno ha decidido bajar la presión tributaria, un paso en el sentido correcto. Pero en 2016 la carga fiscal se reduciría sólo un punto porcentual, lo que no alcanzaría para disparar una reversión sustentable del actual proceso de estancamiento económico”.

La presión tributaria establece qué porcentaje del PBI se lleva el Estado en concepto de impuestos, contando el impacto de los tributos que corresponden a la Nación, las provincias y los municipios. El problema de este indicador es que esconde la evasión, ya que cuanta menos gente paga, más alta es la presión sobre los cumplidores.

“Para ver cuál es la verdadera presión tributaria hay que medir cuánto termina pagando el contribuyente. En el caso de alimentos es del 44% y en bebidas, del 50%; lo que muestra que la presión legal termina siendo mucho más alta que lo que muestra la recaudación”, señala Sofía Devalle, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Según el Banco Mundial, el 25,3% de la economía del país está en negro.

Para el IARAF, la presión tributaria era del 35% en 2015. “Este año se ha atenuado, pero todavía no podemos tener un número exacto porque aún no tenemos el PBI actualizado”, explica Devalle. “La presión tributaria es la contracara del tamaño del Estado. Si no se desacelera el gasto, no hay margen para bajar los impuestos”.

Argentina, con el 44%, tiene el récord regional de nivel de gasto público con relación al PBI. Para EyR, “se podría financiar la baja de impuestos con ahorro internacional. Esta sería la manera más virtuosa de utilizar el mercado de capitales. Esta baja de impuestos debe ser complementada con una política monetaria contractiva que reduzca la inflación”. Sin embargo, Devalle advierte que financiar el gasto con endeudamiento “no es muy sostenible porque implica mayor presión tributaria sobre las generaciones futuras”, apunta.

En general, el incremento de la presión tributaria a nivel nacional se debe al impacto de la suba de precios. Por ejemplo, al impedir que se aplique el ajuste por inflación sobre Ganancias, se genera que más empresas y más trabajadores paguen ese tributo y que lo hagan en las escalas más altas.

En cambio, en las provincias y en los municipios sí hubo una suba explícita en el impuesto a los Ingresos Brutos, con incrementos de las alícuotas y eliminación de exenciones.

“El impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) es sumamente distorsivo porque se calcula como un porcentaje fijo de las ventas y no permite deducir impuestos pagados en etapas anteriores del proceso productivo. Eso hace que tenga una efecto muy dañino”, dice Devalle. Hoy en día IIBB es la principal fuente de recaudación propia de los gobiernos provinciales.

Detrás de la suba de IIBB están las deficiencias en el reparto de la coparticipación. En los últimos años aumentó el reparto discrecional de fondos y las provincias –que a diferencia de la Nación no podrían cubrir sus baches fiscales con la emisión de pesos por parte del Banco Central– tuvieron que aumentar los impuestos.

Devalle estima que ahora que el Gobierno acordó con los gobernadores el reintegro del 15% que se les venía reteniendo por coparticipación desde 1992 con el argumento de financiar a la ANSES, “las provincias deberían dar marcha atrás con muchas de las subas, pero hasta ahora no hay un compromiso escrito en ese sentido”.

Miguel La Vista, especialista en impuestos del CEDEF, agrega otro elemento para explicar por qué subió tanto la presión fiscal. “La administración tributaria es hoy más efectiva por lo que se han reducido los niveles de evasión. En 1992, la AFIP empezó un proceso de sistematización de la recaudación con intercambio de datos e información. Hoy hay más gente que contribuye y eso hace al sistema más equitativo. Hubo una política de largo plazo que trascendió gobiernos y a esto se sumó que también los organismos de las provincias mejoraron mucho”.

La Vista también remarca que la presión tributaria “no debe leerse como un número absoluto, sino en función de los servicios. La presión tributaria es una cara de la moneda; la otra cara es en qué se gasta”.

Según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la presión promedio en América Latina es del 21,7%, mientras que en la eurozona es del 41%.
“Tenemos una presión tributaria de países desarrollados, pero nuestros servicios no son de ese nivel, lo que termina afectando la competitividad”, agrega.

Las chances de qué los impuestos bajen en el corto plazo es escasa. “Dada la débil posición fiscal que tiene el Gobierno, no hay mucho margen para reducir impuestos en términos netos. Hoy en día la prioridad es el resultado fiscal”.

El Gobierno se comprometió a bajar progresivamente el rojo fiscal, pero medidas como el anuncio del pago de los retroactivos a los jubilados ponen en duda que se pueda cumplir con esa pauta, que implica llevar el déficit del 7% actual a 4,5% del producto en 2017. Según la Fundación Mediterránea, la aplicación de la ley de Reparación Histórica a Jubilados demandará $68.000 millones este año y $212.000 millones el año próximo.

Para la economista María Castiglioni, el único cambio impositivo que veremos el año próximo será la prometida actualización de las escalas de Ganancias.
“Creemos que será un año de crecimiento y eso va a ayudar a compensar el aumento del gasto. Lo del pago de las jubilaciones será progresivo y es un desafío importante que no debería poner en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales. Hay que poner la lupa en el resto de los gastos, especialmente en los subsidios a las tarifas y en la obra pública”, señaló a Clarín.

Fuente: iProfesional.com