Se relanza la reforma laboral: el macrismo impulsa el proyecto sobre obras sociales en el Senado

El Gobierno buscará la pronta creación de una agencia que tendrá la función de determinar las prestaciones médicas incluidas en el Plan Médico Obligatorio. En 2017 hubo más de 2.800 amparos en los tribunales por este tema. Se daría media sanción antes del receso invernal.

El Senado está a punto de emitir dictamen a uno de las tres iniciativas que conforman el paquete de reforma laboral presentada por el presidente provisional de la cámara, Federico Pinedo, a principios de este año.

La cámara alta avanza con el debate sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET), que busca reducir la cantidad de reclamos contra las obras sociales. Esta es la propuesta que menos controversia genera entre Cambiemos y la oposición.

En la práctica, el proyecto busca brindar solución a una antigua queja de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, que reclaman que se ponga un freno a la multiplicación de amparos que los obligan a garantizar la cobertura de medicamentos y tratamientos no incluidos en el PMO. Es que según los últimos datos oficiales, entre enero y octubre de 2017 se presentaron ante la justicia más de 2.800 amparos por este tema y solo 11 fueron rechazados.

Es decir, la gran mayoría de los casos finalizaron con fallos que determinaron que obras sociales y prepagas debían asegurar la cobertura de los servicios médicos reclamados, que representaron importantes erogaciones para las cuentas de esas prestadoras.

Se estima que los costos derivados como consecuencia de este tipo de reclamos representan alrededor del 15% de las erogaciones totales. Según argumentan las obras sociales, esa proporción va en ascenso y podrían complicar la viabilidad del sistema.

El año pasado hubo una suba aproximada del 30% respecto del 2016 y de 52% si se compara con los juicios iniciados en 2015.

La mencionada agencia deberá evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los otros dos proyectos que forman parte del paquete de leyes laborales son el blanqueo de trabajadores no registrados y un sistema de pasantías para jóvenes que buscan su primer empleo. Pero estas propuestas aún no cuentan con consenso necesario como para avanzar en la discusión en comisión y mucho menos en el recinto.

Durante la reunión de la próxima semana se presentará la tercera tanda de expositores. Luego, podría firmarse el dictamen y la intención del oficialismo es lograr su media sanción antes del receso legislativo de invierno.

Uno de los principales defensores del proyecto por parte del oficialismo fue e el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien consideró que la AGNET contribuirá a achicar “la segmentación en el sistema de salud de la Argentina entre la población que posee coberturas formales y quienes no las tienen”.

En ese punto, advirtió que un tercio de la población en la Argentina “no tiene cobertura formal” y consideró que “la segmentación que existe” en el país “es inadmisible” por “más federal que sea la Argentina”.

Y, además, el ex ministro de Salud durante la última parte de la gestión kirchnerista, Daniel Gollán, calificó como «positiva» la creación de la Agnet y subrayó que uno de los objetivos del ente debería ser “establecer que si un organismo científico determina que un medicamento o tecnología no es efectivo es ilógico que se registre y circule por el sistema de salud”.

En representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz expresó la necesidad de «un debate profundo” y pidió que el tema se analice «no solamente desde el punto de vista de la inversión sino de los derechos”.

También resaltó que “en el directorio de esta agencia deben poder integrarse los usuarios del sistema de salud» al advertir que «no se puede tomar todo el tiempo decisiones por otros sin que esos otros sean escuchados”.

Principales puntos del proyecto
La iniciativa crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud –AGNET-, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica propia.

Tendrá a su cargo la realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO), sin perjuicio de las competencias específicas de la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Sus funciones serán:
a) Analizar y revisar la información científica relacionada con la evaluación de las tecnologías sanitarias y su difusión entre los profesionales y los servicios sanitarios públicos, privados y de la seguridad social;

b) Evaluar y difundir las recomendaciones y protocolos de uso de las tecnologías sanitarias;

c) Promover la investigación científica con la finalidad de optimizar la metodología necesaria para la evaluación de las tecnologías sanitarias;

d) Analizar y evaluar el impacto económico y social de la incorporación de las tecnologías sanitarias a la cobertura obligatoria.

e) Producir informes técnicos sobre la oportunidad, forma y modo de la incorporación, utilización de cada una de las tecnologías sanitarias;

f) Tomar intervención, con carácter previo a la inclusión de cualquier práctica, procedimiento o cobertura en general dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público, y por el Programa Médico Obligatoria (PMO), o los que en el futuro los reemplacen;

g) Proceder al seguimiento y monitoreo de los resultados de las tecnologías incluidas dentro del conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el PMO, o los que en el futuro los reemplacen, de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación pertinente;

h) Impulsar la creación de redes de información y capacitación en evaluación  de tecnologías de salud.

Por otro lado, será el órgano de consulta en los procesos judiciales de toda clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria relativas a sus temáticas específicas.

Estará a cargo de un directorio de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo Nacional, uno de los cuáles será designado a propuesta del Consejo Federal de Salud (COFESA), elegido entre las provincias que hayan adherido al presente régimen.

Los integrantes del directorio durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por única vez, por igual período. Para evitar los conflictos de intereses, la propuesta normativa señala que aquellos no podrán haber participado patrimonialmente en ninguna entidad o institución dedicada a la venta y/o fabricación de tecnologías de salud, durante los tres años previos a su designación.

Será causal de remoción de dichos funcionarios el mal desempeño o la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, o de un delito común.

FUENTE: Iprofesional